Un exsuperintendente de Sunedu y diez exintegrantes del Consejo Directivo están siendo procesados, por abuso de autoridad y falsedad genérica tras haber manipulado información financiera dentro del procedimiento de licenciamiento, en agravio de la Universidad Alas Peruanas (UAP), ya que cambiaron las proyecciones financieras que presentó la UAP para negar su licenciamiento, pero una auditoría internacional y un peritaje policial desvirtuaron lo contrario eran favorable.
Por ello, la 2° Fiscalía Corporativa de Santiago de Surco y Barranco formalizó la investigación fiscal y pasó a investigación preparatoria que alcanza a Oswaldo Zegarra, extitular de la entidad, y los exdirectivos Linda Cossío Labrín, Fressia Munarríz Infante, Víctor Peña Rodríguez, Waldo Mendoza Bellido, Aurelio Ochoa Alencastre, Luis Huicho Oriundo, Jorge González Castillo, Benjamín Marticorena Castillo, Víctor López Aquino y Renzo Fernández Escobar de la gestión año 2022.
Ante la resolución de Sunedu que denegaba el Licenciamiento, la UAP apeló y encargó una auditoría internacional a una firma. El informe de esta auditoría concluyó que las proyecciones financieras de la universidad eran positivas, lo que contradecía la evaluación de Sunedu. A pesar de este hallazgo, la entidad educativa no revirtió la denegatoria, lo que, según la fiscalía, afectó a aproximadamente 250 mil estudiantes.
Como parte de las investigaciones, la Fiscalía solicitó un informe pericial contable a la Policía Nacional, cuyo peritaje habría confirmado que las proyecciones financieras presentadas por la UAP eran positivas. Además, el informe reveló que la Sunedu habría manipulado las cifras para presentar una proyección financiera negativa y así justificar la denegatoria del licenciamiento.
El Ministerio Público estableció que Sunedu manipuló información al señalar que las proyecciones financieras presentadas por UAP no le permitían contar con una disposición financiera ni disponer de los recursos necesarios, lo cual los denunciados habrían alterado las proyecciones del flujo de caja operativo, llegando a una falsa conclusión con la aparente intención de perjudicar a la universidad.
Sin embargo, señala la fiscalía que los directivos de Sunedu declaró infundada el recurso de apelación y mantuvieron la decisión denegatoria de licenciamiento, pesar que un informe pericial contable de la Policía desvirtuaba todo.
La Fiscalía estableció que: “Sunedu manipulado información y por ello solicitó al juez de investigación preparatoria el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los exfuncionarios con el fin de determinar una organización criminal enquistado en SUNEDU.
ESTE ES OTRO CASO DE LA «ULA»
